Cuando el presidente López Obrador publicó las medidas de austeridad por el Covid-19 en las que redujo el 75% del presupuesto operativo a varias Secretarías de Gobierno, no dijo a cuáles iba a afectar. Hace unas semanas hubo alarma en el sector de la política ambiental y en la opinión pública al conocerse que afectará a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la “CONANP”, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “SEMARNAT”. La preocupación se debe a que la CONANP es la encargada de conservar el patrimonio natural de México a través de las Áreas Naturales Protegidas y los programas de desarrollo sustentable en regiones prioritarias para la conservación ecológica.
Déjenme decirles que el impacto de ese recorte implica dejar desprotegidas 182 Áreas Naturales en todo el país, que suman en total 90 millones 900 mil hectáreas; repartidas entre el 11.4% del territorio federal, y el 22.05% de la superficie marítima nacional.
Son 67 Parques Nacionales, 44 Reservas de la Biósfera, 40 Áreas de protección de Flora y Fauna, 18 Santuarios, 8 Áreas de Protección de Recursos Naturales y 5 Monumentos Naturales que quedarían, a merced de la explotación indiscriminada, talas y pesca ilegales, tráfico de especies, daño a corales y arrecifes; además de la cancelación de proyectos en comunidades indígenas, así como el despido de 200 trabajadores de campo que tienen a su cargo actividades esenciales, como el monitoreo biológico, vigilancia, supervisión de actividades recreativas, reforestación y educación ambiental. También se incumplirían compromisos internacionales de conservación por parte de México.
Como respuesta, exsecretarios del Medio Ambiente, líderes de opinión, trabajadores de la dependencia y la sociedad, salieron en defensa de la CONANP. En las redes sociales surgieron campañas de apoyo y recolección de firmas con el “hashtag” #SalvemosCONANP.
Lo que ayudó a que la ONU pidiera a la Secretaría de Hacienda reconsiderar el recorte presupuestal. Gracias a ello, trascendió que no le será reducido el presupuesto ni correrán a los 200 empleados; al menos, en lo que resta del año. Aunque sí habrá ajustes como el cierre de oficinas para ahorrar en rentas como en Cancún donde Fonatur les ha dado posada.
Aquí no termina la historia; en unos meses habrá que ver si el Gobierno Federal insiste en debilitar la Política Ambiental, como sucedió esta semana con la Comisión Nacional para la Biodiversidad, “CONABIO”; reducida a Organismo Descentralizado con lo que pierde su capacidad de gestión y autonomía presupuestaria en lo que fue una inevitable “crónica de una muerte anunciada”.
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