Frente a los grandes desafíos medioambientales a nivel mundial por reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y Carbono Negro (CN) para controlar el calentamiento global y evitar en la medida de lo posible el cambio climático, los gobiernos regionales han actuado en consecuencia en cuanto a la adopción de políticas energéticas, industriales y ambientales para lograrlo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó el estudio “Hacia una electromovilidad pública en México” de Jorge Carrillo, José Saúl de los Santos Gómez y Julio Briones (2020), en el cual se destacan objetivos, alcances y problemáticas de la modalidad de transporte.
Los objetivos del análisis son:
1) Impulsar propuestas para la electromovilidad pública en México; 2) Sugerir una política industrial para la electromovilidad; 3) Evaluar la política industrial automotriz actual; 4) Identificar los medios para promover el desarrollo de la industria nacional de vehículos de transporte público eléctricos, especialmente los autobuses eléctricos; y 5) Posicionar el país como centro de fabricación de vehículos de transporte público eléctricos a nivel regional.
Los alcances logrados son: 1) Promover la transición hacia una movilidad urbana pública más sostenible; 2) Se evaluaron los impactos de las actividades ya realizadas en sus principales regiones metropolitanas, incluidos aquellos que dichas actividades han generado o pueden generar en la economía y, particularmente, en el empleo y el crecimiento del país.
3) Se analizan la dimensión financiera de esta transición, los sistemas de cooperación público-privados y los incentivos apropiados para la promoción de nuevos modelos de negocios y su correcta operación y mantenimiento; y 4) La viabilidad de la instalación de flotas de autobuses eléctricos comerciales: la alta inversión inicial que requiere este tipo de vehículos.
El estudio destaca que 12.24% de la oferta de transporte público en México son sistemas de alta capacidad (estructurado), tales como metro, autobús de tránsito rápido (BRT), trolebuses, tren ligero, entre otros, y el resto, 87.76% son sistemas de mediana o baja capacidad (semi-estructurado y no estructurado), ejemplos, microbuses y combis (hombres-camión), concesiones (ruta-empresa), taxis y bicicletas públicas.
El análisis de electromovilidad resalta las barreras tecnológicas, financieras e institucionales del proceso de implementación de autobuses eléctricos en México, así como las principales problemáticas:
1) Informalidad de los sistemas: ausencia de contratos, concesionarios deben ser dueños de sus buses, concesiones son a corto plazo, no hay regulación ni integración de tarifa y altos impuestos a la importación.
2) Financiamiento: no hay dinero para la adquisición de autobuses, inversión para estructura de carga es muy alta y falta de unidades a precios competitivos.
3) Marco político: no hay subsidios para operadores ni para usuarios, dudas por parte de empresas privadas y usuarios y falta de políticas públicas.
Para el caso de Hermosillo, el estudio cepalino destaca tres aspectos:
1) Está considerado como un sistema de transporte público de alta capacidad (estructurado); 2) La línea de Autobús de tránsito rápido (BRT) que se pretende electrificar es de 23.6 kilómetros de largo, el análisis de factibilidad lo iniciaron la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable (Cedes) y C40 Cities Finance Facility; y 3) El proyecto está directamente relacionado con otros proyectos de energía renovable que se están implementando en la ciudad.
En conclusión, ante las problemáticas ambientales generadas por las distintas actividades económicas, los tres niveles de gobierno de nuestro país deben coordinar las políticas públicas de transición energética, industrial, de electromovilidad y presupuestal para alcanzar los acuerdos regionales e internacionales en materia medioambiental, indispensable para lograr un mejor modelo de desarrollo sostenible.
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