Lo documentos oficiales son confesiones. Para este gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) reveló una escalofriante incompetencia, ausencia total de visión de Estado y de rigor analítico, y un desprecio batiente por la racionalidad pública. De ahí se desprende como leal vástago el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, publicado en la penumbra apenas esta semana. Arranca reconociendo como principios rectores una serie de gastadas muletillas como “no al gobierno rico con pueblo pobre”; “el mercado no sustituye al Estado”; “por el bien de todos, primero los pobres”; y otros por el estilo. Aunque parece una broma, nos anticipa que en el texto lo peor está por venir.
El documento carece de diagnósticos serios sobre los graves problemas ambientales del país; se limita a un desahogo ideológico panfletario, salpicado de cursilerías (“regiones de la esperanza”), al que le basta repetir ad nausea que todo es culpa del “neo-liberalismo” y del “modelo de desarrollo”, y por supuesto, de los gobiernos anteriores. Su pobreza conceptual es extrema. No se toma la molestia de abordar sectores económicos clave como el sector agropecuario, industria, energía, pesca, y desarrollo urbano. Mucho menos de darle alguna respetabilidad mínima al diagnóstico introduciendo conceptos indispensables como Bienes Públicos, Externalidades, Recursos Comunes e Información Asimétrica.
Mucho menos identifica y despliega instrumentos canónicos de política como la regulación del Estado (territorial y sectorial), regulación directa, impuestos verdes, inducción de derechos de propiedad y de mercados, alianzas público-privadas, entre otros. Con estas premisas, las conclusiones no pueden ser más que pueriles, disparatadas o simples contorsiones cínicas para justificar la regresión energética del régimen, como aquella que reza: “... la defensa del petróleo...base necesaria para la sustentabilidad del país, y también para la construcción de una transición energética con inclusión social” (sic).
A partir de objetivos vagos y retóricos, el texto se aventura en el tema de la conservación de la biodiversidad, dando tumbos de embriaguez ideológica que lo llevan a promover ¡la explotación de las Áreas Naturales Protegidas! afirmando, en un galimatías sofista, que “´sólo se puede conservar produciendo”, es decir, que la conservación sólo es viable como sub-producto de la explotación agropecuaria y forestal. (¡!). Es por eso tal vez que el Secretario de Semarnat promueve la barbarie de invadir, ocupar y deforestar la Reserva de la Biósfera de Montes Azules en lo que queda de la Selva Lacandona. Simplemente ignora lo que son los Bienes Públicos (biodiversidad y servicios ambientales) en Parques Nacionales y Reservas de la Biósfera, y los confunde con bienes privados agropecuarios.
El desprecio por el Estado y lo público es palpable, y hace eco de las acciones del régimen. Obviamente, omite cualquier consideración al imperativo de reconstruir un acervo de tierras públicas (de acceso público, como en los países civilizados) destinadas a la conservación a perpetuidad. Desde luego desconoce al Artículo 27 Constitucional, y se obsesiona con una visión privada indigenista de la conservación. (Sí, las comunidades indígenas son también propiedades, corporaciones o actores privados).
El Secretario de Semarnat se confunde, quiere en realidad ser director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En su delirio ideológico, basado en un curioso y peligroso socialismo indigenista, el documento invoca recurrentemente un racismo indígena políticamente correcto, y atiza la división y polarización social. Afirma que México debe transitar por un “proyecto civilizatorio indígena”. Pasa por alto que México es un país 90% mestizo y cosmopolita, 78% urbano, y que debe de avanzar hacia una urbanización plena. Desconoce que sólo el 4% del PIB es sector primario; y que servicios e industria representan el 96 por ciento.
En un punto de extraña lucidez se contradice cuando admite que la agricultura de subsistencia indígena de roza tumba y quema, así como el cultivo de maíz y frijol son causa de deforestación. Al parecer, el documento – racista – considera que la propiedad privada es sólo un derecho de criollos y mestizos. Quiere inhibir el derecho a la emigración indígena a las ciudades, algo fundamental para la Transición Forestal y la conservación, para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza.
Por lo demás, no tiene metas ni propuestas para nuevas Áreas Naturales Protegidas, o corredores biológicos, ni para Ordenamientos Ecológicos del Territorio.
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