Hasta hace unas horas, el árbol con tres décadas de vida se erguía poderoso, incólume y frondoso. Ahora es una ruina, solo quedan sus ramas que yacen a la vera del camino hacia la comunidad de Bioto, en la costa del Pacífico occidental de México. Su grueso tronco va camino a uno de los aserraderos de la zona.
El derribo de la parota (Enterolobium cyclorarpum), como en estas tierras se llama a ese árbol y cuya madera se considera semipreciosa, se realizó sin que existiera algún permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Así es como sucede con casi todos los árboles que se talan en la región boscosa del municipio de Cabo Corrientes, en la costa norte de Jalisco.
“Ellos —el gobierno en cualquiera de sus niveles— no tienen poder aquí… . El que decide lo que se tira y lo que permanece es don Guty, Agustín Hernández (informes policiacos señalan que su verdadero apellido es González Chavarín), él es el verdadero gobierno en esta costa; van con él y le piden el favor. Si él no lo da, ningún papel te sirve”, comenta con certeza un campesino de la zona.
La parota que se derribó es un árbol fácil de reproducir y que crece con celeridad, a diferencia de la caoba pacífica —casi extinta de la región— y del granadillo y el tampicirán, maderas duras, muy apreciadas en el mercado chino, que han sido saqueadas de forma selectiva en todo el litoral desde 2010. “Hasta dejarnos solamente los palos más jóvenes”, comenta un experto forestal que pide el anonimato.
Lo que sucede en la costa norte de Jalisco también se replica en otras regiones del país, en donde la tala ilegal es ya parte del negocio de los grupos que controlan el tráfico de drogas.
En el centro, sur y norte de México, además de los grupos de la delincuencia organizada, otros actores —incluso, comunidades completas— han visto en la tala ilegal un negocio fácil.
Y mientras los bosques se quedan sin árboles, los cerca de 1300 ejidos y comunidades que han creado empresas forestales, para producir madera en forma sustentable, se enfrentan no solo a la expansión del crimen organizado. También deben lidiar con el exceso de trámites para realizar manejo forestal, con el débil impulso a la silvicultura comunitaria y, sobre todo, con la impunidad que existe alrededor de la tala ilegal.
En todas las regiones del país, actores involucrados en el tema forestal coinciden en que cada vez es más difícil que la madera que comunidades y ejidos producen en forma legal y, sobre todo, cuidando el futuro de los bosques, se coloque a un precio justo en un mercado inundado por productos de origen ilegal.
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